México, 13 Sep (Notimex).- La senadora Adriana Dávila propuso establecer mecanismos de acreditación y supervisión para que las instituciones y asociaciones dedicadas a atender víctimas del delito cumplan con las condiciones necesarias para garantizar el apoyo integral y profesional en los procesos de reintregración social.
De esta manera, dijo la presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas de la cámara alta, sólo aquellas acreditadas podrán tener acceso a los apoyos que otorga la Administración Pública Federal.
Agregó además que el trabajo que esas instituciones de asistencia pública realizan en favor de los diversos grupos poblacionales a quienes ayudan, entre ellas las víctimas del delito, será más eficiente y oportuno.
En este sentido, dio a conocer que presentó una iniciativa que adiciona diversas disposiciones a las leyes de Víctimas, de Asistencia Social y Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
Señaló que la actual ley dispone que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Salud (SSA) certificarán los servicios que presten las instituciones del sector privado en materia de atención a víctimas de delito.
Sin embargo, lo que no se estipula es un mecanismo de supervisión de las actividades en caso de incumplimiento, y que puedan ser cancelados los recursos públicos que les son asignados, dijo.
“Es por ello que propongo establecer la obligatoriedad de que presenten un informe trimestral sobre sus actividades, además de que el DIF se encargará de evaluar cada año a las instituciones de asistencia social que ya se encuentran acreditadas”, sostuvo.
Dávila Fernández añadió que en caso de que no cumplan con la normatividad les será cancelada y no podrán acceder a los recursos públicos que les han sido destinados.
Señaló que el DIF realizará las visitas que considere necesarias para garantizar el cumplimiento de la normatividad y si se percata de hechos que constituyan la comisión de algún delito inmediatamente deberá hacer la denuncia correspondiente.
La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) reconoció el interés de las organizaciones de la sociedad civil para participar y apoyar a personas que han sufrido algún tipo de violación a sus derechos humanos.
Por ello, dijo, “la cooperación entre la administración pública y aquellos grupos sociales organizados debe ser permanente, y conjuntar esfuerzos para garantizar que la atención a las víctimas y afectados sea oportuna, adecuada y profesional”.
En ese sentido, propuso que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas acredite a aquellas organizaciones que comprueben contar con personal especializado en la materia, y que cuenten con título profesional en áreas como medicina general, psiquiatría, psicología, ginecología, enfermería, trabajo social y derecho.
Asimismo, indicó que los refugios, albergues y casas de transición en los que se atenderá a las víctimas deberán contar entre otras cosas con un espacio temporal que brinde alojamiento seguro y digno.
También los suministros necesarios durante el alojamiento, incluidos alimentación, vestido y calzado, y en su caso programas reeducativos de capacitación para el trabajo, así como otras medidas dignas y viables para la restitución de sus derechos.
Dávila Fernández reiteró que con este mecanismo de actualización jurídico, la asistencia y protección que se presten a las víctimas del delito serán más eficientes y se colaborará con el proceso de reintegración social.
“Eso traerá beneficios a las personas que han sufrido algún tipo de afectación física y/o mental, en el difícil proceso de reintegración social”, asentó.
Recordó que las organizaciones de la sociedad civil se han convertido en eficaces instrumentos para atender, vigilar, dar seguimiento y señalar equívocos a las actuaciones de la autoridad, con lo que se contribuye a ejecutar correctivos en aquellas políticas y programas públicos que no cumplan con su objetivo primordial.
